NOVEDADES LEGISLATIVAS PARA LA AGRICULTURA

Este verano de 2013 nos trae novedades, por distintas vías, para la regulación del mundo agrario.

Por un lado la Generalitat Valenciana publicó el pasado 31 de julio la Ley 3/2013 de los Contratos y otras Relaciones Jurídicas Agrarias. Y a su vez, el BOE de 3 de agosto, nos trajo dos nuevas leyes, la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, y la Ley 13/2013 de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario.

La Ley valenciana 3/2013 ha traído a texto legal figuras tradicionales de la contratación en el campo valenciano, como es la “venda a ull” y la “venda al pes o per arrobat”. Creo que es una acertada política plasmar en leyes tradiciones jurídicas valencianas, por cuanto son usos que, reforzados por un texto legal, se reconducen y ayudan a proteger la posición contractual del más débil, el agricultor.  Con ello ha regulado el papel que realizan el corredor y el “alfarrassador”, recogiendo así prácticas inveteradas que merecen ese reconocimiento. De paso revisa la regulación de los arrendamientos históricos valencianos, acomodándola a las sentencias que han venido dictando los tribunales. Dedica asimismo un título a un tema con menor trascendencia, la regulación de los censos  que aun queden en nuestra Comunidad. Y, finalmente, recoge una práctica tradicional de nuestros campos, los trabajos de buena vecindad, dando cuerpo legal al conocido como “dret a tornallom”, iniciativa legislativa que va dirigida a evitar confusiones sobre estos trabajos mutuos que se prestan en muchos campos valencianos.

La Ley estatal 12/2013 inicia un proceso de regulación de funcionamiento de la cadena de contratación en el sector alimentario. Pretende mejorar la competitividad en el sector, pero también fortalecer al sector productor y conseguir u mayor equilibrio y transparencia en las relaciones comerciales. Para ello regula especialmente los llamados “contratos alimentarios” que a partir de ahora se deberán someter a los requisitos establecidos en dicha Ley. Prohíbe determinadas prácticas comerciales abusivas. Y Regula la creación de un Código de Buenas Prácticas en la Contratación Alimentaria. Establece un Observatorio de la cadena Alimentaria que deberá efectuar un seguimiento tanto del funcionamiento de este mercado, como de los precios. Y establece una regulación de infracciones y sanciones en la contratación alimentaria. Todo ello con una modificación de la normativa reguladora de las Organizaciones interprofesionales agroalimentarias.

Finalmente la Ley estatal 13/2013 presenta un conjunto de medidas con la intención de fomentar procesos de integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario. Para ello regula la figura de las Entidades Asociativas Prioritarias, que tendrán preferencia para la obtención de ayudas públicas en este sector. Esta Ley plantea un reto a un sector muy atomizado que debe dar pasos para integrarse y lograr mejores instrumentos societarios para defender las necesidades de los productores. Debe ser el banderazo de salida para procesos de integración que pueden ser tanto plenamente formales (procesos de fusión) como manteniendo personalidades jurídicas locales (a través de cooperativas de segundo grado y otras formas asociativas), pero que en todo caso deberán responder a un pleno compromiso de puesta en común de la totalidad de la producción.