SANCIONES DE TRAFICO. NUEVOS MEDIOS DE NOTIFICACION: LA DIRECCION ELECTRONICA VIAL Y EL TABLON EDICTAL DE SANCIONES DE TRAFICO

Se cumplen dos meses desde la entrada en vigor de la denominada Dirección Electrónica Vial (DEV) y el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA), creado por la Ley 18/09 de 23 de noviembre por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 309/1990 de 2 de marzo, y a la vista del desconocimiento generalizado existente alrededor de los precitados nuevos medios de notificación conviene poner de manifiesto que:

Mediante la DEV, que se presenta como obligatoria para todas aquellas empresas que matriculen nuevos vehículos, y voluntaria para los ciudadanos, se viene a sustituir el domicilio postal a efecto de notificaciones, de manera que todas aquellas denuncias que no se entreguen en el acto y las demás notificaciones a que de lugar un procedimiento sancionador por infracción de las normas de tráfico serán notificadas a través de la Dirección Electrónica Vial asignada directamente al interesado.

En aquellos supuestos en que la notificación se deba practicar en el domicilio del interesado, y esta no pueda practicarse (no hallarse el interesado, que nadie se haga cargo, ser desconocido el domicilio...) o no se haya podido practicar en el DEV, se procederá a la comunicación de la misma en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico.

El TESTRA es una web certificada que viene a sustituir a las notificaciones que se efectuaban a través de los Boletines Oficiales de las distintas Provincias, habiéndose establecido dado su carácter público, la posibilidad de restringir el acceso a los datos de carácter personal contenidos en los edictos allí publicados, mediante solicitud de alta en el servicio "lista de excluidos", siendo así los mismos únicamente visualizados por el interesado y aquellos autorizados.

Los edictos así publicados permanecerán expuestos durante veinte días transcurridos los cuales se tendrá por practicada la notificación, permaneciendo accesible la misma durante un año, aunque en estado no vigente.

Las administraciones locales con competencia en materia de tráfico disponen de un plazo de dos años (hasta el 25 de mayo de 2012) para adaptar sus procedimientos y realizar sus notificaciones mediante el DEV y el TESTRA.

CARRAU CORPORACION RECURRE EL REAL DECRETO 1565/2010 EN DEFENSA DEL SECTOR FOTOVOLTAICO

En defensa de AVAESEN (Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía) y de un número importante de promotores y titulares de plantas fotovoltaicas, en suelo y techo, Carrau Corporación ha interpuesto ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, recurso contra el Real Decreto 1565/2010 de 19 de noviembre.

El ataque que la citada norma hace a las plantas fotovoltaicas instaladas al amparo del Real Decreto 661/2007, limitando de forma drástica su rentabilidad, así como las nuevas exigencias para el desarrollo del sector, en contra de la Directiva Europea 2009/28/CE que obliga a los Estados a favorecer el desarrollo de las Energías Renovables ha hecho que el sector, con Carrau Corporación al frente, plantee ante el Tribunal Supremo la nulidad de la normativa.

El procedimiento judicial no será fácil ni tendrá un desenlace con la rapidez deseada, pero es una batalla que daremos al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con todos los argumentos legales.

Continuaremos informando.

EL NUEVO DECRETO DE FOTOVOLTAICAS RECORTA UN 30% LOS INGRESOS A 4.000 INVERSORES

Carrau Corporación, por medio de su socio Héctor Paricio, participa en la rueda de prensa de AVAESEN en defensa de las energías renovables y en particular de la solar fotovoltaica y contra los nuevos decretos estatales que recortan derechos de los titulares de instalaciones.

http://www.carraucorporacion.com/images/pdf/fotovoltaicas.pdf

LA INSCRIPCION REGISTRAL DE LOS HIJOS DE ESPAÑOLES NACIDOS EN EL EXTRANJERO MEDIANTE GESTACION SUBROGADA ("MADRES O VIENTRES DE ALQUILER")

En la actualidad, a diferencia de lo que acontece en algunos países como Reino Unido, Ucrania, Grecia, Canadá y algunos estados de Estados Unidos, en España está prohibido recurrir a la gestación por sustitución o gestación mediante las técnicas denominadas como “madre o vientre de alquiler”. Esta prohibición viene establecida en el artículo 10 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, en cuyo apartado primero dispone que “Será nulo de pleno derecho todo contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero”, añadiendo a continuación que en los supuestos de gestación por sustitución, la filiación materna será determinada por el parto, pudiendo ejercitar el padre biológico la acción de reclamación de la paternidad por el procedimiento general previsto en la legislación civil.

Ante ese marco normativo, la cuestión a resolver es qué sucede entonces con los hijos de españoles nacidos en uno de esos países mediante gestación subrogada? Denegar sin más el registro de los menores dejaría a los mismos desprotegidos y desposeídos de todos los derechos y garantías que deben asistirles, pero, admitir sin un adecuado control cualquier solicitud de inscripción de los nacidos de gestación por sustitución en el extranjero podría fomentar la práctica ilegal del tráfico internacional de menores.

Ante la respuesta dispar de los Registros Civiles y de los órganos judiciales, la Dirección General de los Registros y del Notariado ha proporcionado recientemente unos criterios unánimes al respecto mediante su Instrucción de 5 de Octubre de 2010, publicada en el B.O.E. de 7 de octubre de 2010, si bien la finalidad de dicha disposición, más que unificar la actuación registral, es la de, por un lado y primordialmente, defender el interés del menor, merecedor de la más alta protección y, por otro lado, evitar el tráfico internacional de menores.

La principal garantía del proceso de inscripción de los hijos de españoles nacidos en el extranjero mediante la gestación por sustitución establecida por la Instrucción de 5 de octubre es la exigencia de presentación ante el Registro Civil correspondiente de una resolución judicial extranjera en la que se determine la filiación.

A salvo de lo que puedan disponer los convenios internacionales, la actuación de los encargados de los Registros dependerá de la clase de procedimiento de la que derive la resolución judicial

Si a estimación del responsable registral la resolución deriva de un procedimiento contencioso, los interesados deberán acudir al procedimiento regulado en los vigentes artículos 954 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 y el encargado del Registro denegará la inscripción en tanto en cuanto no se aporte Auto dictado por nuestros órganos judiciales poniendo fin a dicho procedimiento de exequátur.

Por el contrario, si la resolución judicial extranjera tiene su origen en un procedimiento análogo a los procedimientos españoles de jurisdicción voluntaria, el encargado del Registro Civil controlará, por la vía del incidente y previamente a la inscripción, si tal resolución extranjera puede ser reconocida en España, constatando, además de la formalidad, autenticidad y firmeza de la resolución y de los documentos que se aporten, que el Tribunal extranjero tiene la debida competencia judicial internacional, que se han respetado los derechos procesales de las partes, el interés del menor y los derechos de la madre gestante, que esta última ha prestado su consentimiento libre y voluntariamente y teniendo capacidad natural suficiente, y que la totalidad de los consentimientos prestados sean irrevocables.

MODIFICACION DE LA LEY DE COOPERATIVAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: NUEVA REGULARIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL

Hasta ahora el reembolso de las aportaciones que integran el capital social de las cooperativas era automático para el socio que causa baja, pero, tras la modificación de la Ley 8/2003, de 24 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, operada por Ley 16/2010 de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat (DOCV 6429 de 31 de diciembre de 2010) se regula una nueva figura: las aportaciones con reembolso rehusable.

Es la cooperativa la que establece o califica las aportaciones en una u otra categoría, pero esto no significa que el socio no recupere nunca sus aportaciones, sino que el reembolso de las calificadas como rehusables puede ser demorado, rehusado incondicionalmente por el consejo rector.

Tal y como están reguladas estatutariamente en estos momentos las aportaciones sociales, el consejo rector no tiene facultades para rehusar el reembolso de las aportaciones al socio que causa baja, salvo que la asamblea general de la cooperativa acuerde por la mayoría exigida para la modificación de los estatutos sociales, la transformación de las aportaciones con derecho de reembolso en aportaciones cuyo reembolso puede ser rehusado incondicionalmente por el consejo rector.

Es de destacar que en la devolución de esta nueva categoría de aportaciones el consejo rector no puede aplazar el reembolso de la liquidación, debiéndola realizar en el plazo máximo de tres meses a contar desde el acuerdo de devolución por orden de antigüedad de las solicitudes de reembolso, o en su defecto, por orden de antigüedad de la fecha de baja, teniendo preferencia en la distribución del haber social en los procedimientos de liquidación de la cooperativa.

CARRAU CORPORACION celebra una jornada sobre la "Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y sus Representantes Legales"

La jornada, celebrada el pasado día 14 de diciembre, en la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), e impartida por D. José Manuel Ortega Lorente, Magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia y D. Héctor Paricio Rubio, socio y responsable del área penal de Carrau Corporación, desarrolló tipificación penal de la responsabilidad de los responsables de las sociedades, a raíz de la modificación del vigente Código Penal. La reforma, que entró en vigor el día 23 de diciembre, fija la responsabilidad de las personas jurídicas a través de una doble vía:
- Imputación de los delitos cometidos en su nombre o por cuenta y en su provecho, por sus representantes legales o administradores de hecho o de derecho.
- De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividad sociales y por cuenta y en provecho de esas personas jurídicas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de los representantes legales o administradores de hecho o de derecho de la sociedad, han podido realizar la actuación delictiva por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso.

Se podrá declarar con independencia de que se pueda o no individualizar la responsabilidad penal de la persona física, esta haya fallecido o se hubieren sustraído a la acción de la justicia.

¿Qué es lo que deben hacer los responsables de las sociedades?
Según nuestro criterio la actuación responsable de todo representante legal, administrador de hecho o de derecho de una entidad jurídica pasa por lo siguiente:
1- Informarse y tomar conocimiento y consciencia de la presente reforma penal, de la extensión que supone esta nueva figura jurídica, de la extensión hacia los distintos ámbitos del mundo empresarial del texto punitivo, del incremento de las penas y de las graves consecuencias que para su sociedad puede tener verse inmerso en una causa penal con posible responsabilidad penal directa de la sociedad.
Ser consciente igualmente de que puede, caso de ser víctima, ejercer contra una sociedad una acción penal directa.
2- Ejercer el "debido control" sobre las personas físicas que están sometidos a la autoridad de los representantes legales y administradores de hecho de derecho.
3- Adoptar los mecanismos, protocolos adecuados en la estructura de su empresa para ejercer el debido control, así como detectar actuaciones "anómalas" o susceptibles de riesgo delictivo por sus empleados.
4- En el supuesto de encontrarse en el caso de haberse dado en el seno de su sociedad un hecho delictivo, adoptar los presupuestos establecidos en el artículo 31-bis-4 para atenuar la responsabilidad penal a la entidad jurídica.

Es aconsejable que ese "control" esté dirigido/supervisado por un agente externo.

Carrau Corporación se pone a disposición de todas las personas jurídicas y responsables de sociedades para establecer los adecuados protocolos penales en sus empresas.