El “Anteproyecto de Ley de fomento de
la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter
agroalimentario” supone un importante paso para la reordenación de las
estructuras productivas agrarias. Estamos viviendo una crisis económica muy
profunda, pero en el campo se puede escuchar a los productores agrarios decir
que ellos están en crisis desde mucho tiempo antes. La situación de los
productores agrarios, particularmente en la comunidad valenciana, es muy
preocupante. Las cooperativas agrarias están atomizadas y sus estructuras
resultan insuficientes para alcanzar precios adecuados para los productores.
Las actuales organizaciones de segundo grado, aunque aportan un importantísimo
grado de mejora a la situación, se enfrentan siempre a la posible deslealtad de
las propias cooperativas de primer grado que ocasionalmente aprovechan
oportunidades puntuales para vender por fuera su producción, empujadas a ello
por la necesidad de obtener liquidaciones mínimamente dignas (o más bien, lo
menos indignas posible) para los socios. Los propios socios productores entran
o salen de las cooperativas, o excluyen parte de sus campos mediante
titularidades familiares u otras estratagemas, ante las dudas acerca de donde
obtendrán mejor resultado para su producción.
Las cooperativas se formaron para que
el productor no estuviese a merced del gran comerciante. Pero se ha alcanzado
tal complejidad en el mercado que parece que sólo el gran comerciante pueda
llegar a pagar un precio digno por una producción, pero, eso sí, no por toda la
producción. En consecuencia nos encontramos con que una venta de la producción
de un campo bien cuidado, que produce las variedades adecuadas y de calidad,
puede encontrar en el comerciante privado su mejor salida, pero evidentemente
el productor no tiene garantías de que eso vaya a ser así siempre ni, mucho
menos, con toda su producción. Si se va a la cooperativa aspira a que, en
principio, toda su producción tenga una salida u otra, aunque eso pueda suponer
precios menores. Las cooperativas, muy atomizadas, no pueden competir con el
gran comerciante en un mercado muy tensionado pues el mercado europeo (destino
prioritario de nuestra producción) resulta accesible para la producción
frutícola de cualquier parte del mundo, merced a las facilidades de transporte.
Se ha convertido en un mercado extremadamente competitivo, dado el precio de la
mano de obra de determinados países de origen y también el tamaño y
posibilidades de mecanización de las explotaciones. Consecuencia de ello es que
el comerciante, aunque pueda pagar mejor que las cooperativas, también paga
precios bajos, para reducir sus costes y entrar en competitividad en aquél
mercado, y las cooperativas, en peor condición de competitividad, y peor
relación calidad-eficiencia, acaban padeciendo la obligación de liquidar a sus
socios precios irrisorios o incluso, como ha llegado a suceder, liquidaciones
negativas.
En este entorno ¿qué pretende la
nueva ley?. Nuestra producción agrícola sobrevive en muchos casos gracias a las
ayudas públicas que se han venido recibiendo. La nueva Ley pretende condicionar
la recepción de las ayudas a procesos de concentración en el entorno
cooperativo agrario que ayuden a salvar las reticencias existentes. Ello lo
enfoca en tres frentes:
1.- Con la creación de la figura de
las ENTIDADES ASOCIATIVAS PRIORITARIAS. Están tendrán ámbito de actuación
supra-autonómico, lo que ya nos da una idea de la dimensión que deberán tener.
Serán por tanto grandes operadores, pero añaden una cualificación muy
importante: deberán llevar a cabo la comercialización conjunta de la totalidad
de la producción aportada por las entidades asociativas y los productores
que la integren. Y esta obligación se refuerza con la obligación de que los
productores, estén asociados directamente o a través de otras entidades
asociativas, deberán tener la obligación de entregar la totalidad de su
producción para su comercialización en común. Se pone coto a la infidelidad, de
modo que o estás dentro o estás fuera, no a medias. Además, para asegurar que
sean operadores que tienen capacidad de competir, deberán reunir la
característica de facturar un mínimo que se determinará reglamentariamente. Por
tanto estamos hablando de grandes entidades dedicadas a la comercialización, y
empiezan a surgir preguntas que habrá que aclarar una vez se desarrolle la
norma como, por ejemplo, si una entidad asociativa prioritaria tiene que
alcanzar el mínimo en todas y cada una de las producciones a las que dedique su
actividad, lo que obligaría tal vez a la especialización.
Las ayudas y subvenciones en las que
tendrán preferencia estas entidades serán las destinadas a:
a) Inversiones
materiales o inmateriales destinadas a mejorar procedimientos de gestión y comercialización
b) Actividades
formativas y de cooperación
c) Contratación
de pólizas asociativas de seguros y coberturas específicas en Seguros Agrarios
Combinados
d) Internacionalización,
promoción e I+D+i
e) Acceso
preferente a líneas ICO
f) Actuaciones
de los Programas de Desarrollo Rural
g) Otras ayudas
de las que puedan ser beneficiarias
2.- El segundo frente se centra en
aquellas entidades que a su vez se integren en las entidades asociativas
reconocidas como prioritarias. Aquí bajamos del escalón del “comercializador”
(que es al que se le declarará “prioritario”), al escalón del “transformador”
(los almacenes), que para tener también derecho a ese trato preferencial,
deberá estar integrado en una entidad asociativa prioritaria. Esto va a suponer
que las cooperativas de base prescindan de “comerciales”, por cuanto van a
tener que comercializar toda su producción a través de la entidad
“prioritaria”, puesto que si no lo hacen, se quedarán sin subvenciones. Estas
entidades pueden tener en principio cualquier dimensión; por tanto, las
cooperativas locales pueden subsistir, pero como meros almacenes de
transformación. Ello debería conllevar que las “entidades prioritarias” marquen
a sus entidades asociadas la política de inversiones e instalaciones, para
alcanzar la eficiencia y calidad adecuadas en la fase de transformación y
tratamiento de la producción, por lo que muchas organizaciones acabarán por
perder su sentido al requerirse la concentración de almacenes. Por tanto,
también aquí se deberá producir un fenómeno de concentración cooperativa, lo
que se puede alcanzar mediante cooperativas de segundo grado si se quiere
mantener la personalidad por razones de otro tipo de instalaciones o servicios
que realizan las cooperativas de base, o mediante la fusión de cooperativas.
Las subvenciones y ayudas preferentes
para estas entidades serán en materia de:
a) inversiones
materiales o inmateriales destinadas a mejorar los procedimientos de gestión y
transformación (fijémonos en la diferencia, aquí hablamos de transformación, en
las de las prioritarias se habla de comercialización, dada la asignación de
cada papel a cada tipo de entidad)
b) acceso a
actividades formativas, de asesoramiento y de asistencia técnica
c) Contratación
de pólizas asociativas de seguros y coberturas específicas en Seguros Agrarios
Combinados
d) Acceso a
programas de I+D+i y nuevas tecnologías
e) Otras ayudas
que se determinen reglamentariamente
3.-Finalmente el tercer frente que
acomete la ley es el del productor. También en aquellos casos en los que
existen ayudas directas a los productores tendrán preferencia los que estén
integrados en entidades asociativas “prioritarias” o en entidades que se
integren a su vez en éstas. Al productor se le obliga a que entregue toda su
producción. A cambio tendrá preferencia en subvenciones y ayudas relacionadas
con:
a) adjudicación
de superficies agrarias realizadas por las administraciones públicas
b) contrataciones
de seguros agrarios combinados
c) acceso a
actividades formativas
d) mejora de
estructuras agrarias de producción
e) programas de ordenación
de producciones agrarias
f) asignación de
cuotas o derechos en reservas nacionales
g) actuaciones
de I+D+i y nuevas tecnologías
h) otras que se
determinen reglamentariamente
Por tanto, se crean una serie de
preferencias que pretenden estimular una estructura vertical en la que la
comercialización quede reservada a grandes entidades “supra-autonómicas”, la
elaboración pueda mantenerse en estructuras locales, comarcales o regionales
que, en todo caso, deben renunciar a toda comercialización a favor de aquellas
otras en las que se han de integrar, y en la que el productor encamine toda su
producción a ese circuito.
¿Será suficiente esta norma? Puede
ser un buen empujón, pero hay que asegurarse que el escalón productivo alcanza
también sus dimensiones óptimas. La ley no le da a la entidad “prioritaria” el
control sobre las entidades que la integran, por lo que habrá que trabajar para
superar reticencias y que en la fase de “transformación”, también se produzca
integración de almacenes. Aunque se ha dicho que los personalismos son los que
han dificultado esas integraciones, si bien es cierto que en algunos casos
puede ser así, ahí intervienen muchos factores a tratar: miembros de los
consejos rectores que se enfrentan al problema humano de las plantillas que hay
que redimensionar, recelos sobre la calidad de las instalaciones a las que hay
que redirigir la producción, etc… Por tanto ahí hay que trabajar con mucha
profesionalidad para llegar al convencimiento de los Consejos Rectores y lograr
que el escalón de la transformación sea eficiente y de calidad.
También hay que acometer cambios en
las propias explotaciones. Hay formas, con la tecnología moderna, en las que
sin renunciar a la propiedad de la tierra se puede acometer la creación de
explotaciones más grandes. La eficiencia en el campo es fundamental, pues sólo
así la entidad prioritaria (responsable de la comercialización) podrá canalizar
instrucciones eficientes para que la producción sea de la calidad demandada por
el mercado y en el momento adecuado. La parcelación del campo valenciano es
tremendamente improductiva, pero el derecho moderno y la tecnología actual nos
puede permitir formas de acometer concentraciones respetuosas con el sentido de
la propiedad del agricultor valenciano.
En Carrau Corporación tenemos
vocación por trabajar en este redimensionamiento del sector productivo agrario
valenciano. Nuestra experiencia en el sector cooperativo y disponer de
profesionales en los ámbitos jurídico y económico que pueden cubrir todas las
necesidades, nos sitúan ante la responsabilidad de colaborar activamente en
este programa.
Entradas
